Este Primero de Mayo de 2010, en el que se cumplen 120 años de su primera celebración en España, los trabajadores y trabajadoras de los cinco continentes celebramos el "Día Internacional del Trabajo" para demandar un empleo con derechos, y para exigir un mundo más justo, en el que impere el reconocimiento y defensa de los derechos humanos y los valores universales de democracia, paz, libertad, justicia, igualdad y solidaridad. Manifiesto de CCOO y UGT ante el Primero de Mayo de 2010
Junto a la Confederación Sindical Internacional (CSI), creemos imprescindible establecer controles sobre la economía sumergida, los fondos especulativos y los grupos de inversión privados; un nuevo modelo de gobierno, en definitiva, del mundo financiero orientado a garantizar el desarrollo del sistema productivo.
De la misma forma, apoyamos el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras que colabore a la recuperación económica mundial, la creación de empleo y la consecución de los objetivos de desarrollo, así como un nuevo rumbo para el cambio climático. Por la Europa social y los derechos de los trabajadores
Los gobiernos europeos no deben precipitarse en la aplicación de recortes del gasto público y en la adopción de medidas de austeridad fiscal. Nos oponemos a la aplicación dogmática del Plan de Estabilidad y Crecimiento como se propugna desde distintas instancias comunitarias, que llevaría a un disminución insoportable del déficit público de las economías europeas en el horizonte de 2013, con un alto coste social y severos impactos sobre los sistemas públicos de protección social, que definen el Estado de Bienestar y el modelo social europeo.
Compartimos la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de exigir una respuesta efectiva y coordinada a la Unión Europea frente a los ataques especulativos lanzados contra las economías de algunos Estados miembros y contra la moneda común. Ello obliga a reforzar la acción conjunta y a trabajar por un gobierno económico europeo.El movimiento sindical europeo combatirá las desigualdades de protección entre los Estados de la UE y promoverá el diálogo social y la negociación colectiva. En este sentido, UGT y CCOO exigen mayor inversión en formación y cualificación de los trabajadores y trabajadoras en la perspectiva de un nuevo modelo productivo.Es necesario aprovechar la presidencia española de la UE para impulsar acciones e iniciativas tendentes a incentivar la creación de empleo, a aprobar planes de choque contra el paro juvenil y la discriminación laboral, y a preservar y mejorar los sistemas públicos de protección social en el contexto de un nuevo modelo productivo.
España: el primer objetivo, crear empleoAnte la tímida y escasa mejora de la actividad económica en España, UGT y CCOO exigimos y reclamamos la mejora de la protección social, el sostenimiento de la actividad económica y la transformación del modelo productivo a través de las políticas públicas y de la inversión productiva.
Pedimos en primer lugar, un empleo con derechos, y para ello, renovamos nuestra apuesta decidida por el diálogo social, a la vez que ratificamos nuestro compromiso con los contenidos de la Declaración para el Impulso de la Economía, el Empleo, la Competitividad y el Progreso Social de 29 de julio de 2008.
Por ello creemos que el actual proceso de diálogo social sobre el mercado de trabajo se debe orientar, desde la responsabilidad de todas las partes implicadas, a la búsqueda de acuerdos que mejoren la actual situación del empleo en nuestro país y de las personas desempleadas, jóvenes, mujeres, trabajadores inmigrantes, parados de larga duración. A través de adoptar medidas que permitan fortalecer los servicios públicos de empleo, aumentar las políticas de formación y empleo, desarrollar un programa de empleo y contratación para los jóvenes, impulsar la reducción de jornada para mantener el empleo, reducir la contratación temporal injustificada y potenciar la estabilidad del empleo. Los cambios deben de orientarse hacia el mantenimiento y recuperación del empleo y en absoluto al recorte de derechos de los trabajadores.
La firma del "Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012" (AENC) cuyo objetivo central es el mantenimiento y la recuperación del empleo y el establecimiento de incrementos salariales moderados, adecuados al contexto económico y garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, todo ello con la finalidad de contribuir a la reactivación económica desde la negociación de los convenios colectivos en los sectores y empresas, es buena prueba de lo que decimos. Por ello es urgente que se cumplan los convenios pendientes de años anteriores, máxime después de las sentencias del Tribunal Supremo que nos han dado la razón a los trabajadores y sindicatos. Un pacto que ha sucedido al Acuerdo alcanzado en el ámbito de la Función Pública entre las organizaciones sindicales representativas del sector y el Gobierno de la nación.
En consecuencia, las organizaciones sindicales CCOO y UGT reclamamos que frente a los escasos resultados del diálogo social en 2009, se sigan impulsando y fortaleciendo los instrumentos y mecanismos de concertación, negociación y diálogo, tanto en la interlocución del Gobierno con las organizaciones representativas de los trabajadores y empresarios, como en el debate político, dando así satisfacción a la demanda ciudadana de acuerdos para una pronta salida de la crisis.
Las políticas para la mejora de la protección social y el cambio de modelo productivoEstos acuerdos deben acompañarse de políticas públicas adecuadas para el cambio y transformación del modelo productivo que demanda reiteradamente el movimiento sindical para alcanzar un crecimiento económico sostenible a largo plazo.
Para UGT y CCOO una aspiración legítima de la sociedad española es alcanzar un modelo productivo cimentado, por un lado, en la calidad del empleo, la igualdad, la formación del capital humano, la mejora de la productividad y unos salarios dignos, así como un elevado nivel de protección social; y, por otro lado, en un sector empresarial que busque competir en calidad, diseño e innovación, y que sepa incorporar nuevas tecnologías y métodos de organización socialmente responsables con la población trabajadora y con el medioambiente.
Para ello, demandamos de los poderes públicos una apuesta decidida por las políticas que promueven las inversiones públicas y privadas en educación, formación, I+D+i, TIC, en calidad, medio ambiente y ahorro energético y en una política tecnológica e industrial adecuadas a las necesidades actuales. El sistema financiero, al servicio de la sociedad española.
Durante este período han sido muchos los recursos y actuaciones dirigidas al fortalecimiento del sistema financiero español, por lo que en esta fecha tan señalada del Primero de Mayo, exigimos que las instituciones financieras correspondan poniéndose al servicio de la sociedad española.
Frente al mercado sin reglas, afirmamos la centralidad del valor del trabajo en todas las políticas públicas y privadas. En contraposición al abuso en la búsqueda del máximo beneficio y enriquecimiento de unos pocos, defendemos el principio de que la economía debe estar al servicio de las personas. En contestación a quienes otorgan toda su confianza al mercado, decimos que se necesita más y mejor Estado.
Reiteramos la denuncia sobre la grave responsabilidad de las instituciones del sistema financiero y de los organismos de control y regulación en la generación de la crisis económica padecida en España en el sector de la construcción, que ha arrastrado al resto de los sectores productivos, y de haber sido motores de la especulación inmobiliaria y del endeudamiento excesivo de los ciudadanos y de las familias. Y ahora lo son de la falta de financiación de los proyectos de familias, emprendedores y empresas durante la crisis, pese al respaldo público a su actividad dado por el Estado desde el comienzo de la crisis.
En tal sentido, exigimos que todas las actuaciones y ayudas del Estado al sistema financiero español estén condicionadas a que éste dote de liquidez a los hogares familiares, a los trabajadores autónomos y a las empresas.Nuestro apoyo al sistema de pensionesReiteramos nuestro rechazo a la iniciativa gubernamental de retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, que ha sido contestada con movilizaciones sindicales. Afirmamos que los problemas de la economía española no están en el sistema de pensiones sino en factores externos derivados de la caída de la actividad económica y del empleo que tuvo su origen en la crisis financiera internacional.
Reivindicamos que se ultimen los acuerdos alcanzados en 2006 sobre reforma de la Seguridad Social, como es el proceso de integración del Régimen Especial Agrario y del Régimen de Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, o el desarrollo del procedimiento para establecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad laboral en condiciones de penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad.
Insistimos en la necesaria separación de fuentes de financiación de las prestaciones de la Seguridad Social exigida por el Pacto de Toledo, y que no se sigan financiando con cotizaciones sociales gastos de naturaleza no contributiva como los complementos a mínimos de pensiones. Igualmente, señalamos que no debieran excluirse las reformas relativas al aumento de los ingresos, ampliando los actuales instrumentos de financiación para asegurar la viabilidad en el futuro de las pensiones, ni el análisis sobre el progresivo envejecimiento de la población española que hará que se genere un número creciente de pensiones en los próximos años, con una cuantía más elevada y durante más años, como consecuencia del positivo aumento de nuestra esperanza de vida.
Frente a la propuesta gubernamental de elevar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años de edad, hay que reforzar los incentivos hoy existentes para que aquellas personas que lo deseen o precisen puedan retrasar su edad de jubilación. Todo ello en el marco de la jubilación gradual y flexible que, con carácter general, permite el anticipo voluntario de la edad de jubilación con la aplicación de coeficientes reductores de la pensión, o su retraso voluntario con coeficientes de mejora de la prestación.
En demanda de éstas y otras reivindicaciones, el movimiento sindical en España y en el mundo se movilizará el Primero de Mayo, consciente de que la libertad, la justicia y la solidaridad recuperan toda su vigencia en tiempos de globalización y crisis económica.Por el empleo con derechos Por la garantía de nuestras pensiones Por la reforma del sistema financiero Por la solidaridad con todos los pueblos del mundo, especialmente con los que sufren gobiernos autoritarios, conflictos armados, hambre y pobreza.
